La problemática del empleo no registrado en el país, plantea importantes desafíos para los decisores de política pública, que buscan reducir de manera progresiva pero sostenida su incidencia, garantizando la búsqueda de trabajo decente para todos los trabajadores y, por lo tanto, la ampliación de la cobertura de los diferentes subsistemas de la seguridad social, tanto para ellos como para sus familias.
Esta problemática se presenta con mayor intensidad en las actividades ligadas con los sectores rurales, donde la fuerte estacionalidad de la dinámica productiva, la baja rentabilidad de algunas actividades regionales y la alta rotación de la mano de obra, entre otros factores, presentan un esquema poco propicio para dar estabilidad y para regularizar las relaciones laborales.
En este contexto y frente a la demanda ejercida desde el sector agroalimentario para alcanzar un marco legal e institucional que se adecuara a la realidad de estas actividades, se replanteó la utilización de los Convenios de Corresponsabilidad Gremial. El traslado de una parte de los costos laborales hacia el momento de la venta de la producción mediante el uso de la tarifa sustitutiva, así como la reducción parcial inicial de esos costos, han logrado un impacto significativo sobre la estructura de gastos del sector.
Se debe subrayar que si bien los CCG intentan dar respuesta a las demandas de todos los sectores involucrados (empleadores, trabajadores, sindicatos y sector público), su principal objetivo ha sido el de ampliar la cobertura de los distintos subsistemas de la seguridad social sobre el grupo de los trabajadores y sus familias. De este modo, tanto su flexibilidad para adecuarse a cada realidad productiva, como el grado de involucramiento de los actores implicados para su implementación y la generación de los incentivos correctos para la formalización de las relaciones laborales, constituyen características de los CCG que han contribuido sensiblemente para avanzar sobre los objetivos propuestos inicialmente por el instrumento.
